23/05/2009 ROQUE Vicente
En el año 2003, el Gobierno de Aragón reconocía con el Premio Medio Ambiente la labor que desarrollan los Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs) en nuestra Comunidad Autónoma. Una labor fundamental para los objetivos de conservación del medio ambiente y para hacer compatible el desarrollo con la protección de nuestro entorno. Y desde esta convicción, el Departamento de Medio Ambiente ha hecho un gran esfuerzo para dotar a este colectivo de las herramientas necesarias, tanto materiales como personales, para el desarrollo de su trabajo. Ese esfuerzo pasa, a modo de ejemplo, por un plan de renovación del parque móvil de los agentes que este año alcanzará prácticamente la mitad de la flota, para un colectivo de más de 350 funcionarios en todo Aragón. Pero también incluye una inversión de más de 650.000 euros en los últimos años en mejora de vestimenta, equipamiento y medios técnicos, reforzando la formación en materia medioambiental. Muestra todo ello del valor que se da a su labor, porque son los ojos del Departamento en cada rincón de nuestra tierra desempeñando su trabajo con vocación y entrega.
Dentro del respeto a las legítimas reivindicaciones laborales, creo firmemente que este Departamento ha sido receptivo a las necesidades del colectivo y para seguir avanzando, existe un grupo de trabajo específico con representantes de los agentes y del Gobierno de Aragón para recoger estas inquietudes, donde se ha llegado a acuerdos importantes que benefician a todos.
La sociedad del siglo XXI no es la del siglo pasado y ello requiere que el colectivo también se adapte a este cambio de un mundo más avanzado y más preocupado y comprometido por compatibilizar el desarrollo con el medio ambiente. De ahí el reconocimiento del carácter colaborador y auxiliador con la Administración de Justicia que la modificación introducida en la Ley de Montes del Estado por la Ley 10/ 2006 atribuye a los Agentes de Protección de la Naturaleza en su condición de Policía Judicial en sentido genérico. Y hay que entenderlo en su sentido literal, colaborador y de auxilio cuando la Justicia lo necesite, canalizándolo a través de los Servicios Provinciales del Departamento de Medio Ambiente de quienes dependen orgánica y funcionalmente los APNs. En este mismo sentido, el Departamento siempre ha defendido, y así ha sido corroborado por el Fiscal Jefe de Teruel, que las denuncias levantadas por los APNs deben ser remitidas a los Servicios Provinciales de Medio Ambiente, donde los Servicios Jurídicos determinarán la remisión a la Fiscalía en caso de que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito.
Y es una cuestión fácilmente entendible por operatividad y organización, canalizar la cooperación entre las distintas administraciones de una manera ordenada y en base a criterios estrictamente jurídicos, trasladando al Juzgado aquellas infracciones que puedan ser constitutivas de delito, tal y como se viene realizando en las tres provincias aragonesas. De otro modo, podríamos encontrarnos con que las denuncias que se remitieran directamente al Juzgado y no fueran considerados delito, podrían prescribir por no tramitarse el procedimiento sancionador dentro de la administración autonómica con la celeridad adecuada.
Este compromiso de la sociedad con el medio ambiente también requiere nuevos instrumentos y marcos de gestión, como los que aportan instituciones como el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, que ha permitido una gestión más ágil de la tramitación del gran número de procedimientos en aquellos asuntos que requieren pronunciamientos ambientales, o la labor de las empresa pública Sodemasa, que da un servicio al Gobierno de Aragón como lo hacen otras empresas públicas enmarcadas en distintas administraciones.
Secretario General Técnico del Departamento de Medio Ambiente
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