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LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

q) AGENTE FORESTAL: Funcionario que ostenta la condición de Agente de la autoridad perteneciente a las Administraciones Públicas que, de acuerdo con su propia normativa y con independencia de la denominación corporativa específica, tiene encomendadas, entre otras funciones, las de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de policía judicial en sentido genérico tal como establece el apartado 6º del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

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martes, 24 de septiembre de 2013

Declaran los ex altos cargos de la DGA imputados por La Herradura de Caspe

http://www.heraldo.es/

La jueza preguntó por la roturación de tierras sin autorización y una denuncia realizada en el año 2002 del agente de protección de la naturaleza (APN) en la que se informaba de la roturación del paraje.

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Cinco excargos de la DGA declaran por La Herradura



La Justicia investiga supuestas roturaciones ilegales en un paraje natural

Cinco funcionarios y exresponsables de la Consejería de Agricultura declararon ayer ante la jueza de instrucción de Caspe en relación con la supuesta realización de roturaciones ilegales en la finca de La Herradura, una isla del río Ebro que está protegida por distintas figuras legales por sus valores medioambientales y riqueza ornitológica. Entre ellos figuraba Mariano Ángel Sanagustín Sanz, antiguo director general de Agricultura.

Los funcionarios, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), fueron interrogados en relación con los permisos de roturación otorgados a la finca, propiedad de una sociedad. Según la acusación, que dirige acciones igualmente contra un exalcalde y un exresponsable de Urbanismo, los citados pudieron incurrir en un delito ecológico.

Paraje de la isla de la Herradura, donde se registraron las roturaciones.Paraje de la isla de la Herradura, donde se registraron las roturaciones.Foto: EL PERIÓDICO

Sin embargo, en algunos casos, la línea adoptada por la defensa fue que, caso de existir una irregularidad punible, esta ha prescrito debido a que los hechos se remontan al año 2002. Asimismo, argumentó que determinadas roturaciones no son incompatibles con la normativa medioambiental.

En el caso aparecen como imputados distintos miembros o antiguos integrantes de la corporación de Caspe, pues según la acusación pudo haber connivencia de la Administración local a la hora de otorgar los permisos de roturación y de edificación.

"Es un caso muy complejo", señaló uno de los funcionarios que declararon ayer. "Tanto", ironizó, "que después de tanto tiempo ni siquiera sabemos de qué nos acusan".

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