llamanos

¿Fauna salvaje en dificultades o muerta?
¿Incendios forestales?
¿Infracciones contra la seguridad ambiental, caza, pesca, vertidos?
¡¡LLÁMANOS!!
112 SOS ARAGÓN

¿Cualquier tema relacionado con el medio ambiente?
Pregunta por nosotros:
Centralita Gobierno de Aragón 976714000
OFICINAS COMARCALES DEPARTAMENTO DR Y SOSTENIBILIDAD


AGENTES FORESTALES

La AAPNA es la asociación profesional de los AGENTES FORESTALES del Gobierno de Aragón

LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

q) AGENTE FORESTAL: Funcionario que ostenta la condición de Agente de la autoridad perteneciente a las Administraciones Públicas que, de acuerdo con su propia normativa y con independencia de la denominación corporativa específica, tiene encomendadas, entre otras funciones, las de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de policía judicial en sentido genérico tal como establece el apartado 6º del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

La AAPNA forma parte de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medio Ambientales AEAFMA y de la International Ranger Federation IRF

ÍNDICE DE PÁGINAS DEL BLOG

jueves, 29 de enero de 2015

La DGA debe dos años de dietas a los forestales

Para ampliar:
Clik sobre la imagen con el botón derecho del ratón
y abrir 
en otra pestaña



Los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) llevan al menos dos años sin cobrar las dietas que les corresponden, e incluso "no pueden ya repostar en muchas gasolineras por falta de pago", según denunció CHA. El departamento aseguró que cobrarán pero "sin especificar cuándo, porque ahora tienen falta de liquidez", aseguró en una nota el diputado Joaquín Palacín. Afirmó que presentará una iniciativa parlamentaria contra la actuación del consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón.


Baja


El consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón, debe responder a la mayor brevedad a la denuncia de CHA sobre retrasos en el pago de dietas a los agentes forestales, que alcanza los dos años. Una cosa es apurar plazos y otra ignorarlos.


miércoles, 28 de enero de 2015

Ley de montes, un recorte de derechos constitucionales




No olvidemos que los bosques generan servicios de extraordinario valor para nuestra salud y la reforma de esta norma los pone en riesgo

La nueva Ley de Montes permite recalificar áreas quemadas

CRISTINA NARBONA (OCEAN COMMISSION) 28 ENE 2015 

La relación entre economía y ecología ha centrado este año muchos de los debates de la cumbre de Davos. En particular, los lideres políticos y empresariales han sido alertados sobre la creciente evidencia de los efectos económicos y sociales, en algún caso irreversibles, de la denominada superación de los límites planetarios, objeto de estudio, desde hace años, de los informes del Instituto para la Resiliencia de Estocolmo-.

El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la acidificación del océano, la pérdida de calidad de los suelos por exceso de fertilizantes y pesticidas... No son meros problemas ambientales, sino que además suponen riesgos para la provisión de agua y de alimentos, así como el aumento y la intensidad de fenómenos meteorológicos adversos, que acentúan la vulnerabilidad de los ciudadanos más desfavorecidos,con el consiguiente descrédito de empresas y de instituciones públicas.

Ademas, los costes económicos de la inacción ante estos desafíos resultan cada vez más elevados que el coste de prevenir o mitigar tales tendencias, por lo que algunas empresas y gobiernos han optado ya por un enfoque más integrado e inteligente de la relación entre economía y ecología, teniendo en cuenta el conocimiento científico y tecnológico existente.

Sin embargo, en España apenas se incorpora la componente ecológica al debate económico; mejor dicho, las denominadas reformas consideran erróneamente la desregulación ambiental como un requisito para la recuperación económica .

Así, desde el inicio de la actual legislatura, acorde con un enfoque economicista y cortoplacista, se han modificado —con urgencia y sin consenso— numerosas leyes de contenido ambiental: la de costas, la de aguas, la de evaluación ambiental, la de responsabilidad ambiental, la de parques nacionales...

Y ahora, el Gobierno anuncia el proyecto de ley que modifica la Ley de Montes, que había introducido en 2006 algunas novedades, valoradas como muy relevantes por el Consejo de Estado. En particular, la prohibición de cambio de uso durante 30 años de los suelos forestales objeto de incendio, la exigencia de planificación y ordenación de todos los montes conforme a directrices básicas dictadas por el Gobierno, la consideración de los agentes forestales como agentes de la autoridad con funciones de policía judicial, y la creación del Fiscal especial de Medio Ambiente y ordenación del territorio.

Desde la aprobación de esta norma, el PP cuestionó, en concreto, la constitucionalidad de fijar en la misma un limite temporal mínimo para el cambio de uso de los montes incendiados. De hecho, varias comunidades autónomas intentaron incorporar a su propia legislación excepciones para seguir manteniendo la posibilidad de recalificación de los mismos. Algo que, en su día, había propiciado aberraciones como la construcción del fallido parque temático Terra Mítica o la urbanización de las laderas del monte Abantos.

Asimismo, la Comunidad de Madrid intentó eliminar en su legislación autonómica el carácter de agente de la autoridad de los agentes forestales, cuestión que fue recurrida con éxito ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno del que yo formaba entonces parte.

Pero ahora ya no se trata de modificaciones puntuales en normas autonómicas que no pueden contravenir una legislación básica estatal. Así, la reforma anunciada por el actual Gobierno introduce cambios de calado que, de nuevo, atentan contra nuestra propia Constitución, que establece en su art. 45 el derecho al medio ambiente, como una condición indispensable para el adecuado desarrollo de los ciudadanos. No olvidemos que los bosques generan servicios de extraordinario valor para nuestra salud y nuestra seguridad: proveen oxígeno, almacenan CO2, albergan rica biodiversidad, mantienen la humedad del aire —contribuyendo así a preservar la calidad y cantidad de los recursos hídricos—, mitigan el calentamiento global y los fenómenos meteorológicos mas adversos.

La reforma de la Ley de Montes introduce la posibilidad de que, antes de transcurrir 30 años, se cambie el uso de los bosques incendiados sí concurren "razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley". Esas "razones", en todo caso, serán identificadas una vez acaecido el incendio. Porque la legislación todavía en vigor establecía, lógicamente, como excepción que el cambio de uso estuviera previsto antes del incendio en un instrumento de planeamiento que, como mínimo, se hubiera sometido ya a información pública.

Sí el texto se aprueba en su versión actual, se volverá a posibilitar que aparezcan "razones de interés general" que, quizás, estuvieran ocultas antes de producirse el incendio, y que en realidad respondan más a intereses particulares que al invocado "interés general".  ¿O es que la preservación de nuestros busques no se considera parte del interés general?

La otra modificación que preocupa —desde la defensa del interés general asociado a la preservación de nuestros montes— es la manifiesta reducción de las capacidades de los agentes forestales, a quienes la reforma convierte en auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, meros avisadores ante la evidencia de un delito. Hasta ahora, los agentes forestales han colaborado eficazmente y con inmediatez, gracias a su conocimiento especifico del monte, por ejemplo, mediante la elaboración de atestados. En la propia definicion de los agentes forestales desaparece, además, la palabra "funcionarios", algo que puede ser indicio de una voluntad de privatización de las tareas de vigilancia y seguridad de los bosques.

De hecho, en la Comunidad de Madrid no se convocan plazas de agentes forestales desde hace 11 años, mucho antes de los recortes impuestos por los objetivos de reducción del déficit públicos.

En síntesis, esta reforma supone un nuevo recorte de los derechos de los ciudadanos, completamente injustificable y, ademas, contrario a las normas y orientaciones europeas sobre preservación de la biodiversidad. Algo increíble en España, un país con un capital natural tan valioso. Y también un país especialmente vulnerable ante el cambio climático.

Cristina Narbona fue ministra de Medio Ambiente entre 2004 y 2008. Actualmente es miembro de la la Global Ocean Commission.

sábado, 24 de enero de 2015

Aumentan los expedientes sancionadores en los embalses de Mequinenza y Ribarroja


Los efectivos de las distintas administraciones que vigilan estos embalses suman 1.633 denuncias en 2014

El término de Caspe contabiliza 753 de estos expedientes

A 1.633 expedientes sancionadores ascendió en 2014 el volumen sancionador en relación con la pesca en los embalses de Mequinenza (1.158) y Ribarroja (475) a través  del Plan de Inspección Anual en estos entornos, expedientes que vienen a ser el resultado de las labores de inspección y vigilancia  tanto desde la orilla como mediante el empleo de embarcaciones.

Estos expedientes se reparten entre los de efectivos de la Guardia Civil (905 expedientes), Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs) del Gobierno de Aragón (437 expedientes), guardas de campo (252 expedientes), y personal de otras dependencias y servicios del Gobierno de Aragón (6), además de otras administraciones (32).

Por términos municipales la distribución de los expedientes es la siguiente: Caspe (753), Chiprana (152), Escatrón (123), Sástago (130), Mequinenza (354), Fayón (96), y Fraga (25)

El director general de Conservación del Medio Natural, Pablo Munilla,  destacó que “hay que considerar estos dos embalses de forma muy especial puesto que tienen un importante poder de atracción para aficionados de muchos países europeos. La consideración singular de  estas masas de agua hace que haya instrucciones específicas respecto a los APNs, así como un trabajo coordinado con la Guardia Civil y los gestores del Coto Deportivo del Embalse de Ribarroja. En definitiva,  que haya un mayor control y una mayor vigilancia”. 

El incremento de los expedientes sancionadores es manifiesto. En 2011 se iniciaron 491, una cifra que prácticamente se dobló en 2012 al alcanzar los 958. Volvieron a incrementarse de forma notable en 2013 hasta llegar a los 1.091 expedientes y al acabar 2014 la cifra es de 1.633.

Pablo Munilla entiende que “por diversas circunstancias, estamos en un momento en que hay que ejercer esta vigilancia y este control, que lleva a unos determinados expedientes. Pero somos muy conscientes que sancionar no es la única misión de una Administración y trabajamos en otras direcciones, encaminadas a la información y a unas buenas prácticas que, sin dudan, personifican miles y miles de aficionados”.

Los tipos de infracción más frecuentes son las de pescar sin licencia y/o sin permiso del coto en estos embalses, pescar con artes ilegales (cebos prohibidos, redes, anzuelos no permitidos…), pescar con más cañas de las autorizadas, pesca fuera de horarios autorizados, cebados ilegales de aguas, uso de rejones para mantener los peces, tenencia de especies exóticas vivas, incumplimiento de la normativa de navegación y desinfección de embarcaciones y elementos. Este tipo de expedientes suman 1.285.

Asimismo, son frecuentes las acampadas ilegales (92 expedientes) y el uso del fuego ligado a esas acampadas, ya que en algunas ocasiones los grupos de pescadores ilegales pernoctan procedentes de algunos países europeos.

En cuanto a redes, cabe señalar que anualmente se retiran del embalse numerosas redes de las que no se llega a descubrir la titularidad o responsabilidad sobre las mismas. Cada tramo de red tiene una longitud mínima de unos 50 metros lineales aunque en ocasiones son longitudes superiores a los 100 metros.

Además de estas redes de longitud considerable, son habituales los decomisos de pequeñas redes, rejones y viveras usadas para la captura y tenencia de peces para cebo o de las especies pescadas en vivo. 

En relación a los efectos decomisados en denuncias de pesca, sobre todo cañas, carretes, viveras y rejones, durante este año se habilitó un almacén central de depósito, en el que los efectos de este tipo incautados en denuncias administrativas efectuadas tanto por números de la Guardia Civil como APNs u otros servicios, dentro de la provincia de Zaragoza, quedan depositados en él, bajo la custodia del Gobierno de Aragón, hasta la finalización del expediente sancionador. En la actualidad, en este almacén de depósitos se custodian alrededor de 1.500 cañas decomisadas en los últimos años.

Aperos de pesca decomisados en Mequinenza y Ribarroja.

Además de los datos de denuncias efectuadas en el entorno de los embalses de Mequinenza y Ribarroja, los APNs del entorno realizan numerosas inspecciones relacionadas con el ejercicio de la pesca que no derivan en expedientes sancionadores. 

Al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón le compete, en general, la vigilancia del territorio en materias ambientales: pesca, caza, montes, incendios, espacios naturales, vías pecuarias o residuos, entre otros aspectos, labor que se realiza a través de los Agentes para la Protección de la Naturaleza (APNs). En labores de vigilancia también participan  los Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y guardas de campo.

Los embalses de Mequinenza y Ribarroja regulan los caudales del Ebro sobre terrenos pertenecientes a tres comarcas aragonesas: Ribera Baja del Ebro, Bajo Aragon-Caspe y Bajo Cinca, suelos que, a su vez, se reparten entre siete municipios: Sástago, Escatrón, Chiprana, Caspe, Mequinenza, Fayón, todos ellos de la provincia de Zaragoza, y Fraga (Huesca).

viernes, 16 de enero de 2015

Los forestales denuncian la falta de material para vigilar el monte y controlar la fauna

www.heraldo.es

Para ampliar:
Clik sobre la imagen con el botón derecho del ratón y abrir en otra pestaña
Para ampliar:
Clik sobre la imagen con el botón derecho del ratón y abrir en otra pestaña



jueves, 15 de enero de 2015

Los forestales recorren hasta 60 km para repostar por la deuda con las gasolineras

www.heraldo.es

Para ampliar:
Clik sobre la imagen con el botón derecho del ratón y abrir en otra pestaña

Para ampliar:
Clik sobre la imagen con el botón derecho del ratón y abrir en otra pestaña